“Los tolimenses somos expertos en consultas populares”, dijo Blanca, una vecina de barrio que estaba comprando el pan para el desayuno. “Yo soy de Cajamarca, pero no alcancé a votar la consulta allá porque preciso me vine a vivir a Fusa”. Ella no sabía que ese día, 21 de octubre de 2018, se realizaba la primera consulta popular anti fraking del país. Pero sí sabía que en Colombia muchas comunidades se están organizando en defensa del agua, la vida, el territorio y la autonomía de los pueblos a decidir sobre el modo de vida que quieren.

 

Sabía también que en el 2013, en julio, en el municipio de Piedras, Tolima, se había realizado la primera consulta anti minera del país. Piedras no es un municipio minero, pero la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, con el consentimiento de las autoridades colombianas, pretendía convertirlo en el basurero de la mina La Colosa, ubicada a 100 kilómetros de distancia, en el municipio de Cajamarca, también en el Tolima, donde, se dice, se encuentra una de las minas de oro más grandes del mundo. Esto no le ha importando a los habitantes de estos municipios, y por medio de las consultas populares dijeron NO a los proyectos extractivistas en sus territorios.

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Es por estos procesos de resistencia popular que Blanca dice que los tolimenses son expertos en consultas populares. Pero también porque desde organizaciones como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio (CADV) se viene resistiendo a las imposiciones de las multinacionales y al gobierno colombiano, que desde hace por lo menos dos décadas ha venido ajustando el modelo de desarrollo nacional a la industria extractivista, representada en hidrocarburos y minería, la cual acompaña a la industria de los “bio” combustibles y las hidroeléctricas que tienen a amplias zonas del país en crisis ambiental y social.

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Véanse dos casos del 2018: el afloramiento de crudo de petróleo en el pozo Lizama, administrado por Ecopetrol en el departamento de Santander, y el caso de la hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango, que desde el mes de abril de 2018 presenta fallas de funcionamiento que han afectado a por lo menos 12 municipios, con sus corregimientos, vinculados al área de influencia del proyecto.

 

Proyectos como estos hacen que las comunidades se organicen en defensa del territorio, sus “recursos” y sus comunidades. Si estas comunidades deciden recurrir a la consulta popular como estrategia de participación y acción ciudadana, allí seguramente estarán los tolimenses del Comité Ambiental, colaborando con la orientación de los asuntos políticos, contribuyendo en la organización y en las cuestiones logísticas, asesorando en cuestiones jurídicas y legales, pero sobre todo estando, haciendo presencia, caminando, porque así es que se defiende el territorio: caminándolo, conociéndolo.